Categoría: Opinión

  • Última Instancia   /   Vivir sin justicia

    Última Instancia / Vivir sin justicia

    Por Carlos Angulo Parra

    La mayoría de la gente no sabe qué significa el que se viva en un entorno en que el Estado de Derecho no se aplique, en donde no haya democracia, justicia y que la vida republicana desaparezca. Así, frente a las reformas constitucionales que se han estado aprobando y los cambios a las leyes secundarias que las reglamentan, el gran público es indiferente.

    Lo que pretendo en esta entrega es hacer el intento de explicar las implicaciones que la captura del Poder Judicial, por parte del Ejecutivo Federal principalmente y, de manera secundaria, por parte del Poder Legislativo, nos traerá como consecuencia y afectará a lo ciudadanos en su vida cotidiana.

    Enuncio estas consecuencias por rubro:

    Impactos financieros. Las primeras consecuencias que tendremos serán de índole financiera cuando los mercados de capitales empiecen a reaccionar negativamente respecto del riesgo que implica invertir en México, ahora como país sin un Poder Judicial independiente

    ¿Qué significa esto para un inversionista? Pues, lo que implica es que el resultado de su inversión siempre estará sujeto a que el gobierno no cambie las reglas del juego, no solo al inversionista, sino al entrono de la inversión en donde recaerán los fondos en donde se dirigirá lo invertido. Es decir, si el gobierno cambia cualquier ley o norma, o toma alguna decisión administrativa no basada ni sustentada en alguna disposición legal, no habrá Poder Judicial que la revoque en protección de las partes afectadas.

    Lo anterior implica que el riesgo del inversionista aumente exponencialmente, por lo que, o el inversionista preferirá o no invertir (esto implica fuga de capitales mexicanos hacia el extranjero), o invertir menos; o invertir con expectativas mayores de recuperación de los invertido (aumentando intereses, si su inversión es de prestar dinero, o con una entrada a corto plazo con grandes utilidades cuyos costos se cargan a usuarios o consumidores.

    Todo esto, en primer lugar, genera inflación, disminuye la entrada de capitales que generan empleo, por lo que se pierden las fuentes de trabajo, e induce a que haya mayor informalidad. Todo ello teniendo como consecuencia que la economía deje de crecer y se generen mayores índices de pobreza, se venga abajo la recaudación fiscal, deteriorándose los servicios que presta el gobierno, como la salud, mantenimiento de infraestructura (puentes, carreteras, alumbrado), generándose impulsos a las actividades criminales, que devendrán a generar conflictos sociales y políticos.

    Impactos a la seguridad y libertades. Cuando no se tiene un Poder Judicial capacitado ni independiente los ciudadanos quedan a merced de los abusos de personas con poder, ya sea derivado del gobierno (personas con contactos en el gobierno o coludidas con funcionarios públicos). Así podremos ver casos de despojos de propiedades, herencias amañadas, fraudes sin castigo, aumento de las extorciones, abusos de confianza, y ataques francos a la integridad de las personas (lesiones y homicidios), que no quedarán resueltos al no haber un Poder Judicial confiable, o por falta de conocimientos (se está despidiendo al 100% del personal calificado que lleva muchos años de experiencia en el Poder Judicial, para sustituirlos por personas con 8 de promedio en la escuela y con mínima experiencia profesional)

    Al estar personas de mala fe coludidas con el ejecutivo o con legisladores (son los que tendrán la preferencia de designar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y tendrán el poder político para que los candidatos que designen sean elegidos), la población quedará atrapada por los políticos o los delincuentes.

    Esta situación tendrá como consecuencias el que se vaya subiendo la presión social y genere violencia, salida mayor de mexicanos hacia el extranjero, y se genere un entorno en México de ingobernabilidad que nos lleve a una espiral de inseguridad, pérdida de nuestras libertades (la prisión preventiva oficiosa se utilizará como medio de represión del gobierno en contra de la población que pretenda revelarse), violencia generalizada, pobreza extrema, caída de inversión, que haga que se colapsen aún más nuestras instituciones.

    Conclusión:

    Esperemos que nuestra presidente recapacite en lo que implica la pérdida del Poder Judicial, como uno de uno de los componentes esenciales del gobierno, y no se oponga a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anule la Reforma Judicial, y le entre en serio a la reestructuración del Poder Judicial, no para que pierda su independencia, sino para que brinde justicia a los mexicanos y a quienes inviertan en nuestro amado México. Ahora sí que “para bien de todos, primero la justicia”.

  • ¿Kamala o Donald? La disyuntiva en Estados Unidos

    ¿Kamala o Donald? La disyuntiva en Estados Unidos

    Por Eduardo Borunda

    El proceso electoral en Estados Unidos es un atractivo a la vista de los ciudadanos del mundo. El análisis político, las perspectivas económicas, las relaciones internacionales, la sociología política e incluso, el turismo que genera la elección son un factor importante en la toma de decisiones de una campaña que empieza a tomar intensidad por lo cercano del 5 de noviembre cuando los ciudadanos depositarán sus boletas electorales en las urnas.

    Las encuestas que miden la intención del voto y permiten conocer a través de sus resultados más que un simple número, indican que existe un empate técnico, la elección va a ser cerrada y que seguramente se disputaran algunos estados de la unión americana hasta el último conteo para saber quién será el presidente número 47 en la historia de los Estados Unidos.

    Las peculiaridades del sistema electoral de Norteamérica, es complejo, ya que es una democracia indirecta. Lo que los votantes eligen son a los electores que van a elegir al presidente. Ese conjunto de electores son el Colegio Electoral. En menos de cuatro semanas acudirán los votantes, pero existe la posibilidad de que los electores anticipen su voto ya sea en casillas especiales o bien enviando su voto por correo postal de acuerdo con cada estado de la unión americana.

    Los órganos electorales son estatales y por lo tanto no hay una regulación federal que homogenice los procedimientos. Aquí empieza la complejidad de la elección. Pues los procedimientos y fechas cambian a criterio específico en cada estado. La definición del resultado en cada estado radica que quien gana la elección se lleva el 100% de los votos electorales del estado, sea un por la mínima diferencia o bien por una amplia ventaja.

    A estas alturas, los resultados son predecibles (no definitorios) y en función de ello existen 7 estados denominados bisagras que van a definir la elección. Lo anterior por lo cerrada de las encuestas y el comportamiento electoral que han tenido los electores en los procesos electorales anteriores. Las diferencias de dos o menos puntos porcentuales en los ejercicios estadísticos muestran que cualquiera de los dos candidatos puede ganar la competida elección.

    Los estados donde aún no hay definición clara de quién será el ganador son 7: Pensilvania, Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Georgia. En uno de los escenarios más reñidos, Kamala Harris necesitaría ganar tres estados claves (Pensilvania, Georgia y Wisconsin) o bien, Donald Trump necesita mínimo 4 estados con votos electorales suficientes para alcanzar la cifra mágica de 270 votos electorales (Wisconsin, Arizona, Carolina del Norte y Michigan).

    En conclusión, “la democracia en América”, como describe Alexis de Tocqueville, pende de la premisa esencial de que cada ciudadano es o representa un voto. Los votos serán contados para dar certidumbre a uno de los países más poderosos del mundo, pero que además está bajo escrutinio público internacional.

    La amarga experiencia del no reconocer una derrota electoral es la principal debilidad de Donald, misma causa que le puede costar una elección y una segunda derrota consecutiva.

  • Última Instancia  /  Las opciones de la Corte

    Última Instancia / Las opciones de la Corte

    Por Carlos Angulo Parra

    Con esta entrega no pretendo hacer un análisis jurídico sobre qué opciones tiene la Suprema Corte respecto a cualquier intervención relacionada con la Reforma Judicial, recientemente publicada como reforma constitucional. Lo que pretendo es hacer entender al mayor número de personas lo que el oficialismo está diciendo respecto a la reciente resolución de la Corte de revisar aspectos de la constitucionalidad de las reformas, y la respuesta de connotados juristas sobre el tema.

    Dividamos nuestra exposición en dos secciones:

    Aspectos del proceso legislativo relacionados con la Reforma Constitucional.

    Aspectos de fondo (es decir, la sustancia o contenido en sí de la reforma) relacionados con la posible falta constitucional a principios que posiblemente no se pueden cambiar por el órgano que aprobó la reforma, llamado “Constituyente Permanente”, que lo integran la mayoría calificada del Congreso de la Unión (que lo integran las 2/3 partes de los legisladores que componen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, más la mayoría simple de las Legislaturas de las Entidades Federativas (17 de ellas).

    Diversos juzgadores promovieron ante la Corte el inicio de una llamada consulta para revisar si la Corte puede determinar si se cometieron violaciones de las indicadas en los puntos anteriores. La Corte determinó que sí puede entrar en el estudio de ello, sin aún pronunciarse sobre la problemática planteada.

    Lo anterior ha causado un gran resquemor en el oficialismo, desde la expresión grosera y no digna de un presidente del Senado (Sen. Fernández Noroña), que dijo que en base a “un artículo pedorro” de una ley secundaria, la Corte pretendía hacer cambios en la Constitución, hasta la expresión de nuestra presidente, que dijo que “La transformación no la pueden parar ocho ministros”, dijo en medio de la exposición sobre los votos que obtuvo el oficialismo formado por Morena y sus aliados. “Están fuera de la norma”, comentó sobre las facultades del Supremo [la Corte]. La presunta rebelión de Estado que puso sobre la mesa la ministra Lenia Batres por el fallo ha sido minimizado. “Es un golpe aguado, no un golpe de Estado”, lanzó la mandataria este viernes en la tercera conferencia matutina de su Administración”. Nota del periódico El País del 4 de octubre https://elpais.com/mexico/2024-10-04/sheinbaum-sobre-la-consulta-del-supremo-que-busca-impugnar-la-reforma-judicial-es-un-golpe-aguado-no-un-golpe-de-estado.html

    Respecto a los aspectos del proceso legislativo, la Corte en innumerables ocasiones ha declarado nulos los procedimientos legislativos que se han llevado a cabo infringiendo los parámetros que las leyes y reglamentos señalan para llevar a cabo los procedimientos legislativos, por lo que si la Suprema Corte encuentra errores y faltas graves en los atrabancados procesos que se hicieron en el Congreso, empujados por los legisladores del oficialismo, podría ordenar al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México a reponer los procedimientos de la reforma judicial.

    Esto podría abrir la posibilidad, que la presidente Sheinbaum buscó antes de iniciada su administración, de reabrir la discusión sobre el tema de esta reforma, para realizar una auténtica reforma que beneficie al país y no nada más que abone a la concentración de poder mediante la literal destrucción del Poder Judicial, que la reforma aprobada ha logrado. Esperemos que se presente esta oportunidad.

    Respecto a los aspectos de fondo de la Reforma Judicial, los juristas se dividen en sus opiniones. Los conservadores como el Dr. Diego Valadés, afirma que la Suprema Corte está impedida para objetar reformas constitucionales en el fondo, debido a que el Constituyente Permanente es última instancia en ese tipo de reformas. Otros juristas como el Dr. Miguel Carbonell, que apoya el concepto de que la Corte puede cambiar reformas constitucionales aprobadas, cuando las mismas atenten con conceptos esenciales de derechos humanos o la estructura misma de un Estado democrático liberal (por ejemplo, la reforma judicial aprobada atenta contra la independencia judicial y la división de poderes, pilares importantes de un país con una constitución democrática liberal).

    En conclusión, tenemos estas opciones de resolución del conflicto que la propia Suprema Corte nos puede dar, pero si el gobierno federal, así como Morena y sus aliados, se llegaren a negar aceptar y acatar una resolución de la Corte en contra de la Reforma Judicial, ya sea en su procedimiento o en su fondo, lo que ello acarrearía sería una crisis constitucional de pronóstico reservado, en la que estimo que nadie sale ganando.

  • Gobiernos y sociedad, a trabajar juntos por un mañana sustentable

    Gobiernos y sociedad, a trabajar juntos por un mañana sustentable

    Por Doctor Omar Bazán Flores Rector del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua

    Ya hemos abordado que los gobiernos exitosos son aquellos que cogobiernan con la sociedad civil y toman en cuenta sus opiniones para el bien común y en materia ambiental, el trabajo coordinado hace que las estrategias se multipliquen.

    La unión de esfuerzos y que las acciones no queden en simple planeación y sean ejecutables.

    He insistido que, al lograr una economía circular comunitaria, se avanza sustancialmente en el cuidado al medio ambiente, no solo se aprovechan y se extiende la vida útil de los productos, sino que las y los ciudadanos pueden allegarse de recursos.

    La Economía Circular Comunitaria se centra en las personas y en su bienestar, en la conservación y regeneración de los recursos naturales y en la productividad y eficiencia ecológica del sector productivo.

    La principal motivación es lograr una economía eficiente en el uso de los recursos, con un enfoque territorial y acorde con los principios de la economía social y solidaria

    Se trata de evitar la sobreexplotación de los recursos naturales y de la infrautilización de los
    recursos laborales, integrando la economía en el medio ambiente con criterios de sostenibilidad.

    El compromiso para los próximos años es pensar en verde y actuar en verde. Para eso, se requiere desarrollar todo un proceso de participación para empoderar a la ciudadanía y a los jóvenes como protagonistas de su futuro.

    Las buenas prácticas que se pueden implementar se relacionan con diferentes hábitos y costumbres. Implementando estas estrategias de usos y costumbres

    Bajo la óptica de que todos somos generadores de residuos que se pueden evitar, aprovechar o valorizar, es como debemos generar acciones.

    De hecho, la legislación nacional en la materia define al gran generador como la persona física o moral que genere (por sus prácticas de producción o consumo) una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida (es decir, quien genere alrededor de 23.5 kilos de residuos al día).

    Por tal razón, los establecimientos públicos o privados que generen 23.5 kilos de residuos al día o 10 toneladas por año o más, deben sujetarlos a planes de manejo “cero residuos a disposición final”.

    Los planes de manejo son obligatorios, pero la forma de diseñarlos e implementarlos puede ser innovadora, sencilla, económica, colaborativa y fácil de implementar.

    Los ejemplos de productos post consumo que son más susceptibles a la reutilización:

    • Los residuos orgánicos de las actividades intensivas agrícolas, avícolas, ganaderas y pesqueras.

    • Aceite vegetal usado
    • Tarimas de madera
    • Neumáticos de desecho
    • Vehículos al final de su vida útil
    • Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general
    • Computadoras de escritorio y portátiles
    • Reproductores de audio y video portátiles.
    • Cables para equipos electrónicos
    • Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales
    • Refrigeradores
    • Aire acondicionado
    • Lavadoras
    • Secadoras
    • Hornos de microondas

    En tanto que los principios acordes con la sustentabilidad, aplicables para la economía circular:

    Sustentabilidad política, tiene que ver con la democracia, a gobernabilidad y la participación informada y coordinada de autoridades, academia, iniciativa privada y organizaciones, en el diseño de políticas públicas.

    De sustentabilidad social, se vincula con los valores, derechos humanos, la equidad y bienestar para todas las personas.

    Asimismo, de sustentabilidad económica, que se relaciona con el desarrollo ético de las empresas, la producción limpia y el empleo digno en los negocios bajos en emisiones de carbono.

    Y finalmente, de sustentabilidad ecológica, que busca la conservación del medio ambiente, la regeneración de los recursos naturales y contribuir a mitigar el cambio climático.