Ante una nueva suspensión de la audiencia inicial en el proceso que se abrió en contra de María Eugenia Campos Galván y otros, por presunto desvío de recursos públicos, diputados locales de Morena expresaron que el caso toca ya el terreno de la inconstitucionalidad y violenta el principio de publicidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El diputado local, Benjamín Carrera Chávez, en compañía del legislador suplente, Román Alcantar Alvídrez, afirmaron en conferencia de prensa que la prolongación indebida de este caso trasgrede también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que protege a toda la sociedad, porque se está evitando aplicar justicia pronta, completa e imparcial, tal como lo establece el Artículo 17 Constitucional.
Explicaron que el lunes 15 de febrero, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua suspendió de nueva cuenta la audiencia de formulación de imputación y la posible vinculación a proceso en la acusación que pesa contra Campos Galván y otros, dentro de la carpeta de investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de cohecho, así como uso ilegal de facultades y atribuciones, con el argumento del derecho al debido proceso.
Esta pausa fue concedida por un juez de garantía ante la sola solicitud de los defensores de Campos Galván, sin permitir a la fiscalía presentar sus argumentos para solicitar la vinculación a proceso, ahorrándole a la alcaldesa con licencia la molestia de presentarse en el tribunal.
Las garantías para el debido proceso tienen como límite la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad, sobre todo de las víctimas, para hacerla efectiva se requiere la aplicación rápida y sujeta a la ley en tribunales que actúen conforme a la ley.
Los diputados Carrera Chávez y Alcantar Alvídrez declararon que las y los chihuahuenses necesitan saber la verdad ya que la víctima de este ilícito no es una sociedad chihuahuense abstracta, sino una ciudadanía que tiene rostros concretos, con necesidades precisas, con derechos atropellados o incumplidos por el conjunto de ilícitos que cometieron diferentes funcionarios, su presunta actuación ilegal motivaron la apertura de la carpeta de investigación referida.
Advirtieron que no se trata de sacar “raja política”, por el contrario, se busca resarcir completamente el daño causado a las y los chihuahuenses, quienes dejaron de recibir bienes o un servicio público debido a que los recursos terminaron en bolsillos privados.
Querer encubrirse en el principio de presunción de inocencia solo es para aquellos que están procesados y que tienen la esperanza de finalmente resultar no culpables, pero cuando alguien aspira a ocupar un puesto público y pretende manejar recursos públicos, no se puede argumentar ese derecho procesal, que suele terminar en sentencia de culpabilidad.
Quien quiera ser gobernante, advirtieron, debe demostrar que es una persona inocente y ajena a todo acto de corrupción porque la ciudadanía no puede conformase con una declaración de “no culpable”, debe ser honesto a ciencia cierta y no “presuntamente honesto”.
Los diputados exigieron a los indiciados María Eugenia Campos Galván y demás involucrados que den la cara a la sociedad chihuahuense, que respondan a todo lo que se les imputa, tal como debe ser la conducta de personas honorables.
Exigieron, además, que el Poder Judicial agote los procedimientos en los términos que establece la ley, porque la audiencia inicial ya debió celebrarse y, luego de escuchar los argumentos del agente del Ministerio Público, decidir si procede o no una nueva fecha para la etapa de vinculación a proceso.
En la conferencia de prensa, los diputados estuvieron acompañados del representante estatal de la organización Abogados de la Sociedad Civil, Rafael Vázquez Pérez, y por el abogado postulante, Gregorio Pérez Gastélum, quienes se manifestaron contra la lentitud con la que se está llevando el proceso en contra de Campos Galván.
Los litigantes e mostraron inconformes por el posible contubernio entre las autoridades y la acusada para dilatar el procedimiento por cuestiones que son ajenas a Derecho y exigieron que la impartición de justicia sea expedita.