La diputada Marisela Sáenz Moriel presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado, la cual fue admitida por el Congreso de Chihuahua para su aprobación por las comisiones legislativas involucradas.
La propuesta reforma el título sexto, Capitulo Segundo, artículo 286 párrafo tercero, referente al tema de Alimentos.
La iniciativa promovida por la diputadas Sáenz quedó para su estudio, de la siguiente manera manera: “Cuando no sea posible establecer un porcentaje de los ingresos del deudor – sujeto obligado al pago de la pensión -, para que el importe de la pensión se vaya actualizando de manera automática, determinado por convenio o sentencia, los Alimentos tendrán un incremento automático de manera anual, mínimo al equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general vigente si se tratara de cantidad liquidada o determinada…”.
Durante la exposición de motivos ante la asamblea legislativa, Sáenz consideró que es muy importante que se prevea el aumento automático a la pensión alimenticia fijada, porque resulta insuficiente debido a la depreciación del dinero y disminución del poder adquisitivo que ésta sufre por las condiciones económicas del país.
“En concordancia con la obligación de otorgar alimentos, de manera proporcional prevista en la legislación, se debe introducir la actualización automática mínima, a fin de que sea aumentada la pensión alimenticia definitiva, cuando menos conforme a un aumento porcentual que año con año sufre el salario mínimo general vigente, con el objeto de dotar de economía a las familias que viven con una escasa y obsoleta pensión fijada en forma definitiva, … de ahí pues que sea obligación del Estado Legislar sobre ello”, abundó la legisladora juarense esta mañana durante la celebración del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso.
El acuerdo presentado a las y los legisladores establece que se debe notificar al deudor alimentario de dicha obligación, y que en caso de no cumplimiento se considerará como incumplimiento de pago de pensión alimenticia, pudiendo exigirse por el acreedor alimentario en cualquier momento el pago retroactivo de alimentos.
DECRETO JUSTIFICA DEBER DEL ESTADO.
Sáenz explicó ante los representantes del Poder Legislativo, que el Código Civil considera dentro del Derecho de Alimentos, la alimentación, educación, salud, nutrición, vestido, recreación y todos aquellos gastos que son necesarios para una vida digna.
El proyecto de la iniciativa aprobada señala que la obligación alimentaria es un deber jurídico y encierra un profundo sentido ético, porque significa la preservación de la vida como valor primario … “de ahí que resulte fundamental la rectoría del estado a fin de que esté imponga medidas para su cumplimiento”, dijo.
Por este motivo la legisladora juarense resaltó la importancia de que nuestra legislación realice una adecuada tutela de derechos porque en este caso, según las estadísticas, los beneficiarios de este derecho son mayormente mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y con discapacidad.
LOS DATOS DUROS MÁS SENSIBLES DE LA INICIATIVA.
Según datos del INEGI, citados por la diputada Sáenz durante el transcurso de la asamblea legislativa, actualmente el 15 por ciento de los hogares en México son mantenidos por mujeres, de ellas el 97.9 por ciento carece de cónyuge en el hogar y sólo el 16.3 por ciento, de las mismas jefas de familia, son mujeres solteras.
“En otros casos – relacionados con la mortalidad-, las estadísticas reflejan datos alarmantes… El 60 por ciento de las muertes anuales en menores de cinco años son atribuibles a la desnutrición…” se expuso en el contenido de la iniciativa.
inalmente, la diputada Sáenz lamentó la prevalencia de desnutrición crónica en menores de edad indígenas de cuatro años, aunque precisó que esta ominosa realidad ha presentado una disminución superior al 10 por ciento en los últimos 20 años, sin embargo, aún representa el triple de la media nacional con un 37.4 por ciento.
“Esta iniciativa es para proteger la pensión alimenticia sobre todo de los niños, niñas y adolescentes que, cuando se les asigna un monto específico, no por porcentaje, se les perjudica porque nunca se actualiza, toda vez que el ajuste anual al salario no estaba considerado en nuestro Código Civil”, resumió la legisladora acerca de los alcances de la reforma en cuestión.
¿Qué es la Pensión? El decreto en cuestión, establece que cuando ocurre una separación matrimonial o divorcio, existe un deber impuesto a unos de los cónyuges, el de proporcionar los medios necesarios para poder subsistir, frente al otro cónyuge o frente a los hijos o frente a ambos.
La iniciativa de ley continúa ahora por el proceso de aprobación, por lo que una vez que fue presentada por la diputada Sáenz, las comisiones involucradas tienen ahora en sus manos la responsabilidad de estudiarla y emitir un dictamen antes de su definición por el pleno de Congreso.